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Autores del documento: Bladimir López y Lucía Vijil
Edición: Claudia Mendoza

I. Evolución del conflicto socioambiental en Azacualpa

Entendemos por conflictos socioambientales los que se relacionan con el acceso y control de los bienes comunes de la naturaleza y el territorio, que protagonizan diversos actores, con intereses y valores divergentes, en un contexto de gran asimetría de poder.

Un caso emblemático con esas características, entre muchas más, es el de la comunidad de Azacualpa en el municipio de la Unión, departamento de Copán, Honduras. Este es el escenario de un conflicto territorial constante y de largo aliento, que tiene sus orígenes en 1998, cuando en la zona inició operaciones la compañía minera Greenstone Minerals, de capital canadiense (Orellana Peña, 2016), que fue mutando de razón social, hasta que en la actualidad opera Minerales de Occidente S.A. (MINOSA).

La problemática en Azacualpa ha evidenciado las implicaciones de la actividad minera en los territorios de Honduras, bajo una política estatal que promueve el extractivismo de forma desmedida y que, aparte de los daños ambientales, ha dejado como consecuencia el destierro de comunidades enteras. Esta empresa minera generó el desplazamiento de tres aldeas en el municipio: San Andrés Minas, San Miguel y Azacualpa. En el caso de San Andrés, la empresa minera gestionó con el Gobierno municipal y central, la reubicación total de la comunidad. Mientras que, en el caso de San Miguel y Azacualpa, el desplazamiento fue parcial (CESPAD, 2017).

Los desplazamientos han tenido enormes consecuencias para las comunidades. En los últimos años, la dinámica de la contienda territorial ha estado marcada por las intenciones de la empresa MINOSA, para explotar un cerro en donde se ubica el cementerio general de Azacualpa, que cuenta con una antigüedad de doscientos años. La actividad de esta empresa minera también ha generado enormes y graves impactos ambientales que comprenden la deforestación de la flora, el daño del paisaje visual, la explotación de los recursos naturales, la extinción de la fauna, contaminación del agua, las consecuencias del acarreo de materiales y la destrucción de los espacios (Orellana Peña, 2016).

El actual conflicto en Azacualpa, es un conflicto socio-político y ambiental motivado por las acciones de la empresa minera MINOSA que, en su afán de extraer y explotar los bienes comunes, ha destruido la biodiversidad y ecosistemas de la zona y (si eso no fuera suficiente) ha despojado a las familias de los camposantos, donde han estado enterrados sus deudos, por más de doscientos años.

Aunque el conflicto en la zona es de larga data, entró en un nuevo ciclo en el 2018, que persiste hasta la fecha porque la empresa MINOSA, con la Secretarías de Estado vinculadas al conflicto (Mi-Ambiente y Salud), y el acompañamiento de las fuerzas de seguridad pública y privada, retomó (febrero y marzo del 2018) la exhumación de los cadáveres ubicados en el cementerio de Azacualpa. Hasta ese entonces se habían realizado 126 exhumaciones.

Este proceso no contó con el respaldo de la mayoría de los pobladores, tal como lo menciona un miembro de la comunidad: “desde el 2015, en Cabildo Abierto, la comunidad de Azacualpa ratificó que no daba autorización para que la empresa explotara el cerro, y el 60% de las familias se mostraron en contra de la exhumación de los cadáveres”.

En mayo del 2018, las familias que se oponían a las exhumaciones, junto con los sectores organizados de la comunidad, aglutinados en el Comité Ambientalista de Azacualpa, se tomaron el cerro El Cementerio como una acción de protesta. El cerro posee un terreno inestable con riesgo potencial de derrumbamiento, es decir que cualquier excavación que se realice aterraría por completo al camposanto y conllevaría a que la comunidad fuera desplazada, totalmente, hacia otra zona.

Consecuentemente, las acciones de la comunidad trascendieron del espacio territorial al regional y, entre los meses de mayo y junio del 2018, presentaron dos amparos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, como parte de una estrategia legal para que la empresa detuviera el proceso de exhumaciones. De forma sorpresiva, el amparo resulto favorable a la comunidad y MINOSA se vio en la obligación de detener las exhumaciones y las labores de explotación en el cerro El Cementerio. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sentenció que la decisión del Juzgado no precedía, dándole de esa forma a MINOSA autorización para proseguir con el proceso de exhumación y extrahección de oro el que, según pobladores, ronda en más de 300 millones de onzas.

En el marco de la pandemia del Covid19, y amparándose en el fallo de la CSJ, MINOSA retomó el proceso de exhumación y la explotación minera elevó la contaminación ambiental en Azacualpa. En ese sentido, los hechos ocurridos durante el mes de marzo del 2021, registraban que el conflicto había entrado a una fase violenta y, por otro lado, evidenció la forma en la cual la empresa minera seguirá expandiendo su frontera extractivista, pese al cuestionamiento emitido desde las organizaciones territoriales y, más recientemente, desde diversas instituciones públicas del Estado. 

II. Puntos críticos del conflicto socioambiental de Azacualpa en la coyuntura actual

Con la descripción de las raíces del conflicto en Azacualpa, Copán, analizamos los focos de atención en la coyuntura actual y el papel de los actores:

a) MINOSA como actor central de intimidación en la comunidad.

El 3 de marzo del 2022 se registraron acciones de intimidación y amenaza por parte de la empresa minera, a través de sus empleados, a los integrantes del Bufete Estudios para la Dignidad, en presencia de la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos. De igual forma, en el traslado de maquinaria para continuar con la explotación en el cementerio de Azacualpa, se movilizó a empleados para detener a los y las pobladoras que se oponen al proyecto. Estas dos acciones, así como otras denunciadas en diferentes comunicados por organizaciones de derechos humanos, colocan a la empresa como centro de la promoción del conflicto y también del amedrentamiento en la comunidad, sin ningún reparo en las múltiples violaciones a los derechos humanos y sus responsabilidades como empresas.

b) Comunidad de Azacualpa en completa indefensión. Los pobladores y pobladoras de la zona han realizado acciones de defensa territorial en dos vías. La primera desde el eco de la ancestralidad del pueblo Maya–Chortí, que continúa colocando en el debate el valor de la familia y sus osamentas en espacios sagrados. La segunda, la que promueve la necesidad política del respeto verdadero a los pueblos indígenas y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que se traducen en acciones políticas de resistencia. Ante estas acciones de reacción a una provocación directa por parte de MINOSA, el riesgo aumenta para los defensores/as, pues la logística de vigilancia e intimidación hacia la comunidad, es amplia y no existe garantía de protección.

c) Falta de estrategia clara del Estado de Honduras a la conflictividad socioambiental en Azacualpa: A pesar de la denuncia pública y de la visita en la zona de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) y Mi Ambiente, no ha existido salida tácita y expedita que logre detener la explotación en el cementerio de Azacualpa. La titular de la SEDH, Natalie Roque, afirmó que: “Nos hemos comprometido a acompañar a la comunidad y a instar a los demás ministros a que, de acuerdo a sus competencias, que tomen cartas en este asunto tan delicado. Además, existen denuncias de operaciones al margen de los permisos de licencias ambientales y, en general, una situación de vulneración de todo tipo de derechos, incluyendo daños ambientales y contaminación de las fuentes de agua”.

En fin, en la contienda convergen quienes continúan perpetuando el modelo extractivo y cuidando la acumulación de capital, y quienes colocan en la narrativa los intereses innegociables de la vida y el respeto a la ancestralidad y autodeterminación de los pueblos. Un caso como el de Azacualpa y la lectura del comportamiento de los actores en conflicto, da pauta para comprender las formas de apropiación del extractivismo, la retórica instalada hacia “el desarrollo” y lo permisivo de gobiernos anteriores, en relación con la corrupción extractivista.

III. Propuesta de salida a la conflictividad socioambiental en Azacualpa

MINOSA, a diferencia de otras empresas mineras que generan conflictos en el país, está completamente instalada y la cooptación estatal a favor de sus intereses está completamente clara. Por lo tanto, como se esboza a continuación, se debe avanzar en el desarrollo de una Política de Justicia Ambiental (PJA), a corto y mediano plazo:

1. Acceso a las comunidades sobre sus principales medios de vida. Mediante la implementación de políticas locales se debe garantizar a las comunidades el acceso a la tierra, agua y bosque, bajo un enfoque de autogestión que permita la generación de ingresos y el cuidado colectivo de los bienes comunes naturales. 
2. Investigación sobre los ecocidios territoriales perpetrados por la empresa extractivista. Se debe realizar investigación científica que desvele la existencia o no de los impactos ambientales en el territorio concesionado, mediante análisis de suelo, agua y aire, entre otros. Los estudios serán de suma importancia para definir la vía de acción penal en contra de quienes han incurrido en responsabilidad, mediante los ecocidios territoriales.
3. Políticas de restauración ambiental y reparación de daños sociales y culturales. Estas acciones se esbozan con el objetivo de emprender acciones que garanticen la restauración del tema ambiental, social y cultural, mediante un proceso de justicia cognitiva que ponga en el centro la memoria del conflicto y sus secuelas en la población. Estas acciones deberán de ser pensadas en temas de factibilidad técnica, política, económica y legal, y ser sustentadas con base en la investigación sobre ecocidios territoriales.
4. Procesos de acción penal hacia las personas naturales e instituciones involucradas en actos de corrupción en el marco del proceso extractivista. Es importante el desarrollo de acciones judiciales en contra de las personas involucradas en los conflictos, con el objetivo de responsabilizarlos penalmente en el marco del proceso de concesionamiento extractivista. Este proceso requiere de una mirada legal que analice los alcances y resultados, en un contexto en el cual la empresa minera alega que opera con base en la legalidad, pese a las consecuencias que deja para la comunidad. 
5. Diseño de un proyecto de desarrollo territorial sustentable y autocentrado (desde adentro del territorio-región), con el objetivo de abrir un proceso de transición postextractivista en uno de los territorio-región del país con amplia tradición minera. El diseño de este proyecto puede ser experimental, con alcance local y regional. Se aspira que, además, permita trazar un modelo de desarrollo económico que responda a los intereses de la población y respete los derechos de la naturaleza. Avanzar en esta línea de desarrollo territorial requiere:

• Primero, comprender la evolución histórica de la matriz económica y productiva de la región donde se pretende instalar el proceso de desarrollo territorial. 
• Segundo, identificar la estructura y dinámica de las clases sociales, con el objetivo de comprender la composición social del territorio, en relación con las perspectivas de cambio de las clases sociales. 
• Tercero, identificar la distribución ambiental y ecológica del territorio, para explorar las formas productivas de desarrollo que se pueden emprender en el territorio. 
• Cuarto, evaluar el capital social instalado en el territorio, en los esfuerzos por comprender el tejido social correspondiente para abrir cauce a un proceso de desarrollo territorial estratégico, con actores que se articulen alrededor de la idea. 
• Quinto, valorar el sistema productivo que se pretende instalar en el territorio en relación con la demanda productiva regional, nacional e internacional, con el objetivo de avanzar en un modelo de desarrollo que responda de manera sustentable a la dinámica del mercado nacional e internacional.

Por otro lado, es importante avanzar en un proceso de cancelación de la licencia ambiental y clausura de la mina, con base en el reglamento de cierre de mina de Honduras. Ese reglamento tiene como objetivo: “la prevención, reducción y el control de los riesgos y efectos sobre la salud, la seguridad de las personas, el ambiente, el ecosistema circundante y la propiedad, que pudieran derivarse del cese de las operaciones mineras”. En su artículo 7, ese reglamento establece que: 

“INHGEOMIN, a través de sus Unidades Técnicas en el ámbito de sus atribuciones, es la Autoridad Minera competente para aprobar los Planes de Cierre de Minas y sus respectivas modificaciones. Para dicho efecto podrá solicitar opinión a las diferentes entidades del Estado que, de acuerdo a las normas vigentes, ejercen funciones o atribuciones de relevancia ambiental que puedan tener relación con el cierre de minas. El INHGEOMIN, a través de la Unidad de Fiscalización Minera, es la Autoridad competente para calcular las garantías y sanciones correspondientes en caso de su incumplimiento”.

Lo anterior se plantea en un marco en el cual el Estado tiene que renovar (en agosto) la licencia ambiental a MINOSA y ante los amplios cuestionamientos de este emprendimiento extractivista. Lo lógico es que no se renueve la licencia, sin embargo, eso no es una tarea fácil, ya que se debe agotar la vía técnica y legal establecida en la normativa nacional.

En ese sentido, es importante evaluar la viabilidad técnica y legal de la cancelación de la licencia ambiental, como punto de partida para sanear uno de los conflictos socioambientales más fuertes, álgidos y de largo alcance que se presentan en Honduras. 

IV. Posibles escenarios alrededor de la actual coyuntura

Escenario A. Cancelación de la licencia ambiental

Este escenario significa que la coyuntura actual encuentra una salida al conflicto mediante la cancelación de la licencia ambiental a MINOSA. En este sentido, la cancelación se podría realizar a través de la siguiente vía: la autoridad minera (INHGEOMIN) y MIAMBIENTE suspende, de forma temporal o definitiva, las actividades de MINOSA.

Para que este escenario se pueda materializar, se tendrán que presentar las características o condiciones siguientes:

1. El Comité Ambientalista replantea su estrategia jurídica y refuerza su posicionamiento político estratégico para que la institucionalidad estatal incorpore las demandas de la comunidad, y se pronuncie de forma favorable.
2. INHGEOMIN, ante el impacto ambiental y violación de derechos humanos en Azacualpa producto de la extracción minera, actúa según La Ley de Minería y el Reglamento del cierre de Minas, y declare el cierre temporal, progresivo o definitivo y convoca a la Comisión Interinstitucional en el Marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER).
3. El Comité Ambientalista establece alianzas con actores claves a nivel nacional e internacional para presionar al Estado e incidir en la autoridad minera.
4. El Comité Ambientalista entra en un proceso de rearticulación territorial, aumenta la presión política a nivel local, regional y nacional para que la institucionalidad minera agilice el proceso de suspensión temporal o definitiva de la concesión.

Este escenario es el más deseable y medianamente posible debido a la apertura de la secretaría de Derechos Humanos y MI-AMBIENTE, en relación con la coyuntura actual del conflicto. Sin embargo, siendo el escenario más deseable, el Comité Ambientalista debería reforzar y actualizar su estrategia legal y territorial de resistencia y continuar trabajando en esta dirección.

Escenario B. Un nuevo acuerdo para dar solución al conflicto socioambiental. Este escenario consiste en que los actores involucrados en el conflicto, tanto del bloque dominante y de resistencia territorial, tengan voluntad e inicien un dialogar para construir acuerdos políticos que le den salida pactada al conflicto.

Para que este escenario ocurra deben producirse las características o condiciones siguientes:

1. Los dos bloques en disputa llegan a acuerdos básicos de las condiciones mínimas para una salida al conflicto; se producen cambios sustanciales sobre la concesión, firman un nuevo acuerdo y definen mecanismos de consultas vinculantes.
2. Sectores institucionales del Gobierno avalan una salida negociada del conflicto, modificando aspectos claves de la concesión (por ejemplo, el asunto del cementerio, investigación sobre ecocidios territoriales y reparación de daños ambientales, sociales y culturales hacia las comunidades afectadas).
3. Organizaciones nacionales y regionales (Iglesia Católica y organizaciones de Derechos Humanos), presionan para que los actores involucrados en el conflicto pacten una salida dialogada.
4. Actores internacionales, sobre todo organizaciones de derechos humanos, presionan también para que se produzca una salida pactada al conflicto.

Este escenario se ubica en una situación intermedia. Es medianamente probable porque los actores principales del conflicto se verían en la necesidad de pactar una salida al actual conflicto, en una situación muy polarizada, con limitados espacios para el diálogo. También es medianamente deseable porque las características de explotación practicadas por MINOSA son incompatibles con el medio ambiente, los intereses estratégicos de las comunidades y contradice la normativa interna, como bien lo ha expresado la secretaría de Derecho Humanos y MIAMBIENTE.

Escenario C. Militarización del territorio, expansión del proyecto extractivista y la desaparición de la resistencia territorial.

Por las condiciones actuales, este escenario se desarrollaría en el marco de un eventual proceso de radicalización de la lucha territorial que estaría determinado por los siguientes aspectos: seguimiento de las labores de explotación en el cerro El Cementerio, profundización de los impactos ambientales, agudización de la criminalización y asesinatos selectivos del principal liderazgo territorial.

Este es un escenario de la polarización de la lucha territorial sobre una constante y fuerte militarización de la zona, lo que puede desembocar en la desaparición del actual proceso de resistencia territorial en Azacualpa. En conclusión, el proyecto extractivo de MINOSA se termina de imponer.

Para que este escenario ocurra deben de producirse las características y condiciones siguientes:

1. INGEOMINH y MIAMBIENTE no responden estratégicamente a las demandas de las organizaciones territoriales, ante la presión de MINOSA hacia el Gobierno.
2. La estructura legal e institucional que dio origen a la concesión se mantiene vigente, y para ello se hace uso de la fuerza militar y policial para controlar la zona de explotación.
3. Se implementan nuevas estrategias desde la institucionalidad estatal para la criminalización de los grupos en oposición, incluyendo el asesinato selectivo del liderazgo territorial.

Este escenario es el menos deseable, pero medianamente probable. Menos deseable ya que implicaría la imposición del proyecto minero de MINOSA en una zona en la cual la población ha realizado grandes esfuerzos por defender su territorio y los bienes comunes. Medianamente probable por el costo social que este escenario representaría para la institucionalidad estatal y MINOSA. El Comité Ambientalista debe considerar los aspectos menos deseables de este escenario y buscar neutralizarlos con su estrategia de resistencia.