Monday, January 3, 2022
LUNES, 03 ENERO 2022 12:48
Los defensores ambientales de la comunidad de Guapinol se han enfrentado con una serie pesada de injusticias desde el momento que su río se convirtió en lodo en 2018 durante la construcción de una mina cercana. Una de esas injusticias más difundidas ha sido la detención de ocho de sus compañeros por más de dos años mientras esperan el juicio en un sistema de justicia que supuestamente presume su inocencia.
El primero de los ocho, Jeremías Martínez Díaz, fue detenido en 2018 por los cargos de usurpación y daños. Los hechos supuestamente ocurrieron durante un choque entre los defensores y las guardias de seguridad de la empresa minera Inversiones los Pinares después del desalojo de su campamento pacífico. A Martínez le puso la corte la medida de prisión preventiva en una audiencia el 05 de diciembre de 2018.
En marzo de 2019, once defensores más se presentaron ante la corte. El juez les decretó sobreseimiento definitivo a los once, pero Martínez permaneció en prisión preventiva.
Ante el sobreseimiento, siete compañeros más se presentaron ante la corte en agosto de 2019. La jueza Lizeth Vallecillo del Juzgado de lo Penal de Tegucigalpa con jurisdicción nacional, les puso la medida de prisión preventiva sin dar una justificación.
"En términos generales, nunca había una justificación," dice el abogado defensor Edy Tabora.
El equipo de defensa apeló la decisión calificándola de arbitraria. La Jueza Vallecillo luego sostuvo la decisión sobre la base de que los imputados podrían enfrentar graves cargos aunque el único cargo grave contra ellos, asociación ilícita, ya había sido desestimado por la misma jueza.
El peso de la situación estaba exacerbado por una estancia inicial de dos meses en La Tolva, una prisión de alta seguridad a siete horas de la comunidad de los defensores. Los imputados fueron trasladados a otra prisión más cercana, pero poco después, COVID llegó a Honduras y a sus familias no se les permitió visitar.
Voces internacionales se han unido con el grito contra la injusticia de su detención incluyendo a expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas quienes instaron a la corte de Honduras a liberar a los defensores ambientales.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) también mandó varios amicus curiae pidiendo a la Corte Suprema apelar la medida bajo el principio de la presunta inocencia. Más de 75 organizaciones a nivel mundial firmaron las cartas.
El equipo de defensa ha seguido apelando la decisión y solicitado que sea reevaluado hasta el 26 der agosto de 2021 cuando la prisión preventiva estaba a punto de vencer. La jueza Vallecillo nuevamente tomó la decisión de mantener a los imputados en prisión. Extendió su detención a otros seis meses a pesar de la presión internacional para reconsiderar la decisión.
¿Qué dice la ley sobre la prisión preventiva?
El corazón de las leyes sobre la prisión preventiva es la necesidad de garantizar que los imputados estén presentes y que no puedan obstruir los procedimientos judiciales para asegurar el proceso debido.
Artículo 172 del Código Procesal Penal: Las medidas cautelares tienen como finalidad, asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba."
El experto legal y asesor Kenneth Madrid explica que las medidas preventivas, como la prisión preventiva, son la excepción a la ley solo cuando la presencia de los imputados se garantiza.
Madrid dice, "La regla general que tiene el Código Procesal Penal es que todas las personas pueden estar bajo libertad mientras tienen un proceso penal vigente o activo por el principio del estado de inocencia. Entonces, las personas pueden gozar de esa libertad mientras su proceso se desarrolla."
La ley da cuatro circunstancias bajo las cuales se debe considerar la prisión preventiva:
Artículo 178: " Para ordenar la prisión preventiva, deberá concurrir alguna de las circunstancias siguientes:
Peligro de fuga del imputado
La posible obstrucción de la investigación por parte del imputado
Riesgo fundado de que el imputado se reintegre a la organización delictiva a la que hay sospecha que pertenece y utilice los medios que ella le brinde para entorpecer la investigación o facilitar la fuga de otros imputados
Riesgo fundado de que el imputado atente o ejecute actos de represalia en contra del acusador o denunciante."