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Honduras: Pobreza, violencia y contaminación del ambiente deja a su paso minera en La Unión, Copán

Tegucigalpa.- El desarrollo que promete la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa) en La Unión, Copán, le ha costado a los pobladores de Azacualpa la destrucción del histórico cementerio maya-chortí de San Andrés, pese a que dos altos Tribunales de Honduras dictaminaron su protección.

Minosa, filial en Honduras de la transnacional Aura Minerals, impuso su proyecto en contra de la voluntad del pueblo Maya-Chortí de Azacualpa, a la vez que impulsaba campañas en redes sociales sobre el supuesto desarrollo económico que la minería produce a las comunidades.

No obstante, para el integrante de la Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog), José Ramón Ávila, este desarrollo que promulga la minería no se refleja en el municipio de La Unión. De hecho, considera que de hacer un estudio socioeconómico se encontraría la misma o mayor pobreza que en cualquier otro municipio.

Para Ávila, el verdadero beneficiario en fondos es la Corporación Municipal de La Unión en el occidental departamento de Copán. No obstante, la pobreza sigue igual.

El miembro de Asonog señaló que la carretera que se encuentra pavimentada es por conveniencia de la empresa para el traslado de sus materiales hasta las instalaciones mineras, pero no se ha extendido a zonas donde la minera no tenga intereses.

Agregó que “las poblaciones tienen que seguir subsistiendo con lo que ya tienen. Los contratistas de repente tienen algún beneficio, pero la población en general continúa en la pobreza que ha vivido por siglos”.

Planteó que “las organizaciones de sociedad civil que hemos estado conscientes del daño que la minería a cielo abierto causa al país, vamos a seguir trabajando en ello aunque se nos tilde, por esas compañías mineras, que estamos en contra del desarrollo. Como buenos ciudadanos de Honduras […] el desarrollo que violenta los derechos humanos, que contamina el ambiente, que deteriora la salud de las personas, no nos interesa”.

CONFLICTIVIDAD EN LA UNIÓN CONTINUARÁ

En cuanto a la conflictividad en la zona, el integrante de la Asonog plantea que esta continuará pues es provocada e insertada por la instalación de la compañía minera. La que además ha instigado una situación de violación de derechos humanos y confrontación en la sociedad de esos territorios.

Hechos que han sido constatados por los titulares de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, y Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), Lucky Medina, afirmó.

Ávila apuntó que sí realmente se va a declarar a Honduras libre de minería, se debe empezar por acciones contundentes más que discursos que muestran voluntad, pero con los cuales no se pueden cerrar proyectos mineros. Se debe hacer una revisión de la Ley de Minería y pasar por el Congreso Nacional para definir si se continuará o no la minería a cielo abierto.

“Se hizo la expresión de voluntad, pero esta no se continuó con el procedimiento legal que corresponde” y que debe ser emitido por el Congreso Nacional. Mientras esto no pase la empresa continuará operando hasta que concluya su concesión, dijo.

MINERA Y JUEZ QUE DESCONOCIERON ORDEN DE CSJ DEBEN SER SANCIONADOS

Pese a dos sentencias judiciales emitidas por la Sala de lo Constitucional y la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán decretando el cese de las exhumaciones en el camposanto de San Andrés, Azacualpa, estas han continuado con apoyo del juez de Letras, Rafael Rivera Tábora, y autoridades municipales, como el reelecto alcalde por el Partido Nacional, Víctor Hugo Alvarado.

Ávila sostuvo que tanto la empresa minera como el juez que no respetaron las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán deben ser sancionados por no respetar las resoluciones emitidas. Mientras que en el caso del juez está ya tipificada la sanción por el sistema de justicia.

“Hubo una acción de desacato a una decisión de la Corte Suprema que fue revertida por el Juzgado de Letras de Santa Rosa de Copán, obviamente eso provocó que la compañía minera explotara el cementerio, aún con la disposición de la Sala de Sentencia de Santa Rosa de Copán de que no debía hacerlo”, explicó.